Xavi Sánchez
El tiempo pasa y nada se resuelve en Honduras. El llamado “Diálogo de Guaymuras” no se ha estancado sino que se está pudriendo, al menos el oficial, porque lo negativo de esta parálisis también es que se haya montado este proceso en la sombra, estas reuniones secretas con representantes no elegidos por nadie, más bien miembros de los grupos de poder cuyo interés en resolver la crisis es inversamente proporcional al de todos, al público. Pero hagamos un repaso al proceso, por qué se ha llegado a esa situación, anunciada por muchos, en la que las elecciones se acercan y los golpistas siguen en el poder.
A la mesa se sentaron dos posturas para llegar a una solución de consenso y resulta que sólo una parte ha cedido, pues la otra empezó el dialogo dedo en alto advirtiendo que el proceso electoral tenía una fecha inamovible y que “Honduras le tiene pánico a Mel Zelaya”. Así pasaron los primeros días de negociaciones, llegaron a acuerdos sobre otros puntos menos relevantes sin abordar el fundamental: la restitución del orden constitucional vigente antes de la intervención golpista, la vuelta de los militares a los cuarteles y el cese de la represión y la violencia por pensar diferente. Porque mientras los malévolos focos mediáticos apuntaban al “Hotel Clarión” de Tegucigalpa, donde se desarrollaba ese proceso de diálogo, el régimen golpista continuaba la persecución y la represión a los miembros de los movimientos sociales y a los medios de comunicación que no cuentan lo que ellos quieren. No han mostrado la más mínima voluntad de recuperar la dignidad democrática de la que presumen y fortalecer ese diálogo, recién iniciado por entonces y que han conseguido dilatar sin fecha límite, como ellos pretendían desde el inicio, con el objetivo de plantear las elecciones como la única salida.
En un alarde de tozudez, han inventado mil argucias legales para no permitir la restitución de Zelaya y ahora incluso pretenden que no se considere lo ocurrido un golpe de Estado para que así, los militares, que son los únicos a los que les quieren hacer pagar el muerto, tengan una salida más honrosa y benévola ante un posible juicio, pues la no amnistía para ambas partes ya está acordada. Al inicio del estancamiento, los golpistas argumentaban que tenía que ser el Tribunal Supremo el que decidiese la restitución mediante un informe y posterior resolución, cuando la llamada “sustitución constitucional” (otros lo llamamos golpe de Estado) fue aprobada por el Congreso. La delegación de Zelaya incluso solicitó al mal llamado Gobierno de facto convocar al Congreso de urgencia para realizar la votación para decidir su restitución (tal como se hizo en su momento para retirarlo del poder), pero no hubo manera de que los golpistas cediesen y que el acuerdo cerrado por las dos delegaciones se sellase, poniendo fin a esta crisis.
Hay que dejar claro que desde que se inició el proceso de diálogo la única parte que renunció en sus pretensiones fue la delegación del presidente constitucional. Primero cedió en el punto fundamental de la reivindicación del pueblo y Frente de Resistencia, el motivo por el que empezó todo esto, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Más tarde cedió también aceptando el retorno de Zelaya a la presidencia, pero en un Gobierno de unidad nacional, donde le colocarán a los ministros que más les convenga y no podrá recomponer su equipo de trabajo.
Por eso no entiendo qué más quieren para sellar el acuerdo, si ya han logrado lo que querían por ahora: frenar la Constituyente (aunque afortunadamente éste es un proceso que tardará más o menos en concretarse, pero que no se detiene). No comprendo cuál es la obsesión con Zelaya, con llamarle sustitución constitucional a lo que es una intervención golpista, eso sí avalada por el Congreso y todos los tribunales hondureños e iglesias que quieran, pero que se hizo con nocturnidad y alevosía, a punta de fusil. Si tan claros son los cargos y la traición a la Constitución por parte de Zelaya, por qué no lo llevaron a un tribunal. No quiero repetir argumentos obvios, pero de verdad que no entiendo esta terquedad que impide el acuerdo. Mejor dicho, sí la entiendo, pero no considero justo que se le permita a unos señores que dan un golpe de Estado imponer las condiciones para el diálogo, sentarse en una mesa y no ceder ni un solo punto y, finalmente, casi pretender que se les entregue una medalla por los servicios prestados a su querida patria.
Para ir terminado y no aburriros más, la última broma de mal gusto es que tras anunciar a bombo y platillo el fin del “decretazo fascista”, tardaron más de 14 días en publicarlo oficialmente y por tanto de darle validez al cese de la restricción de libertades. Pero lo mejor de todo es que a los dos días de publicarlo por fin, han sacado dos decretos oficiales (en menos de 24 horas), por los que se prohíbe manifestarse sin permiso y se posibilita el cierre de medios de comunicación mediante condiciones muy ambiguas que permiten que ya hayan sido cerrados programas “molestos” para el régimen. En definitiva, que esto sigue siendo una dictadura. Me temo que el tiempo que están ganando es para preparar un proceso viciado de convocatoria de una Constituyente en la que nada cambie, durante el muy probable próximo gobierno de Pepe Lobo, candidato del Partido Nacional.
Con la presencia del encargado de América Latina en el Departamento de Estado estadounidense, Thomas Shannon, y el secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, se esperan novedades en las próximas 48 horas. Aunque Micheletti ya les ha recibido diciendo que no habrá acuerdo para la restitución de Zelaya antes de las elecciones: “Seamos claros, no hay restitución; nosotros podemos hablar del tema de una tercería (un tercero en la presidencia), de una sustitución constitucional”. Lo dicho, pura tozudez.
Xavier Sánchez (A Coruña, 1980) es técnico expatriado de ACPP en Centroamérica.
