Repolitizarnos junto a los movimientos sociales para defender la cooperación

Artículo de nuestro compañero José Mª Ruibérriz de Torres* publicado en eldiario.es

El debate interno entre las Organizaciones no gubernamentales de Cooperación de Desarrollo (ONGD) es vivísimo.

Se configuran dos vías de acción alternativas: Una que, bajo la enorme presión que supone la falta de recursos económicos, desconfía de la acción política de la Junta de Andalucía centrando sus reivindicaciones en el pago de las deudas acumuladas por la Junta; y en su análisis en el mecanismo de reparto de las ayudas futuras entre las organizaciones, en un esfuerzo por asegurar la supervivencia del mayor número de ellas con los recursos menguantes.

Una segunda, también vigilante de los compromisos asumidos por la Junta en materia de cooperación, pero cuyo principal énfasis se sitúa en la repolitización de la cooperación para el desarrollo. Aboga por situar su acción al lado de los movimientos sociales, para hacer de esta una herramienta verdadera al servicio de la internacionalización de la lucha por las políticas públicas y los derechos sociales. Y ello, subrayando que esas políticas han sido puestas en cuestión también en nuestra sociedad, por lo que la cooperación también deberá ser una herramienta para su protección.

Desde esta segunda óptica, la coyuntura de crisis en la cooperación al desarrollo abriría en Andalucía una oportunidad inmejorable para hacer una revisión crítica de la misma, borrar lo inservible para el momento político actual y futuro, y construir nuevos modelos de cooperación.

Abordar este segundo camino supone un posicionamiento político, no tan solo de las organizaciones sino también de las personas que las forman, y supone un cambio en la forma de trabajar. Implica actuar, no desde un campo exclusivamente técnico, sino también desde lo político. Un ámbito donde los equipos técnicos no siempre se sienten cómodos, y donde a menudo no desean participar. Un ámbito en el que la ONGD mira decididamente hacia fuera, en busca de la reconexión con una base social crítica y concienciada, y no exclusivamente a su mera supervivencia e intereses.

¿Cómo se posiciona un movimiento ciudadano cuyo origen es una demanda de mayor solidaridad y justicia social con los países empobrecidos, construido sobre la base de un objetivo político ampliamente compartido, el 0’7, a veinte años de su origen y en un contexto de retroceso de los derechos sociales y políticos en España?

¿Qué ocurre cuando ese movimiento social se ha transformado en una amplia gama de ONGD, altamente tecnificadas en su esfuerzo por responder a las exigencias técnicas y administrativas de la gestión de ayudas públicas, a costa de la flexibilidad de y la porosidad que exige la acción concertada de los movimientos ciudadanos y de trabajadores/as?

¿Qué ocurre cuando en Andalucía este colectivo de ONGD se enfrenta a un escenario político de difícil lectura, en el que un gobierno formado por una coalición de izquierdas se ve enfrentado a restricciones presupuestarias, limitada liquidez y exigencias de recortes por parte de la administración central?

¿Cómo se posiciona un colectivo multiforme e ideológicamente diverso ante una política autonómica que se sitúa en la defensa de las políticas públicas y los servicios sociales, pero cuya defensa de la cooperación al desarrollo es una prioridad de segundo orden, expresada además con sordina ante el temor a las críticas de la derecha?

Tras escasamente 30 años de experiencia en la cooperación al desarrollo en España, se plantea desde las instituciones que la cooperación al desarrollo sea una de las primeras partidas a recortar. Con el objetivo de disminuir el déficit a toda costa, aun si este recorte sitúa a la cooperación al borde de su desaparición. A cuatro años del inicio de los recortes, resulta patente la intención política de eliminar completamente los fondos de cooperación para el desarrollo, escamoteando de este modo el compromiso ético y político con los pueblos empobrecidos históricamente, y defraudando igualmente la apuesta de la sociedad española por la justicia social y los Derechos Humanos individuales y colectivos.

Conviene recordar que, aún en tiempo de crisis, y de acuerdo con el más reciente eurobarómetro, el 88 % de los españoles sigue apoyando las políticas de ayuda al desarrollo frente al 85 % de la media europea). Estas medidas de recorte dejan por tanto en evidencia a una clase política que nunca entendió la cooperación como una política pública, ni la solidaridad como compromiso, sino, en el mejor de los casos, como una labor bienintencionada en años de especial abundancia.

Andalucía no se ha librado enteramente de esta lógica, y la Junta ha encadenado recortes proporcionalmente muy superiores a la reducción media de otras partidas de su presupuesto. Con ello ha provocado un significativo retroceso de los recursos destinados a la cooperación internacional, y ha convertido el objetivo del 0’7% en poco menos que una quimera. Sin ir más lejos, en 2012 el Gobierno saliente aprobó recortes sobre el presupuesto aprobado para ayuda al desarrollo que implicaban la práctica eliminación de esta política pública en Andalucía. Poco pareció importar que el año anterio r el trabajo conjunto entre las ONGD andaluzas y comunidades y organizaciones del Sur mejorase las condiciones de vida de 12,5 millones de personas de 70 países.

Pero a un gobierno autonómico le sucede otro, que en circunstancias dramáticas se erige como laboratorio de políticas públicas progresistas. Responsable ante la sociedad de demostrar que existen alternativas al pensamiento único dominante en el resto del territorio español, que sólo concibe el recorte del déficit a costa de los derechos sociales y laborales. Un gobierno que se ve a sí mismo como firme defensor de las políticas públicas y sociales que constituyen los cimientos de una sociedad más justa e igualitaria: la salud, la educación, la dependencia y sí, aunque con menor énfasis, también la cooperación al desarrollo, que se situaría en 2013 en la senda de la recuperación en términos presupuestarios.

Esta renovada defensa de las políticas públicas desde Andalucía, esta repolitización de la acción pública desde una óptica progresista que en el pasado no siempre fue tan nítida, ha provocado una situación de enfrentamiento y bloqueo con el Gobierno Central, que ha devenido en intento de muerte por asfixia económica de la experiencia andaluza. La liquidez no llega, los pagos a escuelas infantiles, ayudas a la dependencia, a colectivos de inmigrantes, al tejido productivo, proveedores, a los sindicatos, y a las ONG de desarrollo quedan paralizados o se hacen con cuentagotas, provocando el colapso de entidades, los despidos, cierres de sedes, paralizaciones de proyectos, etc. Y cuando finalmente llega liquidez adicional, esta viene sujeta a exigencias inaceptables y lastrada por intereses usureros. En este contexto, la precaria supervivencia de las ONG es una sucesión de despidos colectivos, paralizaciones de proyectos, cierres de sede, etc. que generan un sustrato rico para alimentar la tensión y el conflicto con la Administración Autonómica.

La derecha mediática comprende además la situación, y en el caso de la cooperación al desarrollo aviva el fuego introduciendo machaconamente un falso silogismo en un discurso maniqueo que pretende enfrentar a los pobres de aquí con los de los países del Sur, como si la única manera de atender a las personas y colectivos más vulnerables en Andalucía fuera sustrayendo recursos de la cooperación internacional. En palabras de Antonio Burgos en el ABC, las ayudas aprobadas por la Junta en materia de cooperación al desarrollo son “una especie de Domund sin Dios con el que espurrean por el mundo, para sospechosos e increíbles proyectos, ese dinero nuestro que aquí haría tantísima falta en los comedores sociales. Como si Andalucía no siguiera siendo el Tercer Mundo de Europa, hala, a tirarlos…”. Como si la única respuesta posible a la creciente pobreza en España, por otra parte, fuera los comedores sociales y no la educación, la sanidad, las políticas de inclusión y de dependencia, y las de estímulo económico, entre otras.

¿Qué camino tomaremos las ONGD en Andalucía? ¿Cuál será nuestra respuesta para defender el compromiso de la sociedad con la cooperación entendida como una política pública indispensable?

*José Mª Ruibérriz de Torres es miembro del equipo de ACPP en Andalucía y Presidente de la Coordinadora Andaluza de ONGD

Por una vida libre de violencia para las mujeres de El Salvador

Se calcula que la mitad de las mujeres de América Latina son víctimas de algún tipo de violencia de género y que al menos la mitad de las mujeres asesinadas en el mundo lo fueron por razones de género. En América Latina, la situación es tan grave que podría hablarse de pandemia.

La violencia que afecta a mujeres y niñas en su más amplia diversidad y condición no se manifiesta de una sola forma, sino que adquiere los más distintos rostros y modalidades, detonándose en el ámbito de las familias, en el laboral y escolar, en las calles y en el espacio social en su conjunto. Efectivamente, todas y todos estamos inmersos en sociedades violentas, pero la violencia machista es una de las expresiones más extendidas y brutales.

Se trata de un padecimiento arraigado en conductas culturales patriarcales que menosprecian a las mujeres, considerándolas propiedad de los varones y que limita seriamente las posibilidades de desarrollo de los países del continente. La violencia de género es un problema cultural que requiere de intervenciones múltiples, desde la atención inmediata de las víctimas hasta la transformación de los estereotipos culturales que la perpetúan. Para efectivizar estos abordajes, se debe contar con buenas legislaciones y políticas públicas.

Desde hace muchas décadas, las mujeres claman y exigen su derecho a vivir una vida libre de violencias, discriminaciones y abusos. No es aceptable que este clamor de la mitad de la humanidad siga sin respuesta, y que el solo hecho de ser mujer implique un factor de riesgo y de grave vulneración de derechos. Esta condición de inseguridad permanente es denunciada desde hace años por el movimiento de mujeres, reclamando a los Estados que reconozcan la violencia específica de género y actúen al respeto. Si bien el panorama hoy no es tan árido como hace treinta años, aún queda mucho por hacer para que las mujeres puedan sentirse tranquilas dentro de sus hogares y cuando atraviesan el umbral del mismo.

La violencia contra las mujeres por razones de género es definida como un proceso continuado, porque se desarrolla con la forma de un ciclo repetitivo. Según la psicóloga forense norteamericana Leonor Walker, el ciclo se divide en un primer momento de acumulación de tensión –cuando hay enojo, discusiones y acusaciones-, una segunda etapa en la que explota la violencia física con golpes y abusos, y el siguiente período de calma (también llamado de luna de miel), cuando el hombre niega la violencia, se disculpa y promete que no sucederá de nuevo. Estos ciclos no suelen tener fin a menos que la mujer ponga un límite o que, en alguna de las etapas de la explosión de violencia, el hombre termine con su vida.

Este tipo de asesinatos de mujeres, por el hecho de ser mujeres, fue definido por el movimiento feminista y los estudios académicos de género como femicidio o feminicidio. El término femicidio fue utilizado con un sentido político por primera vez en la década del ’80 y actualmente ya está reconocido en el lenguaje ordinario aunque la Real Academia Española de la Lengua aún no lo haya aprobado. Se trata de la muerte violenta de mujeres por razones de género y constituye la mayor violación a los derechos humanos de las mujeres. Puede desarrollarse en el ámbito privado a manos de conocidos o en la vía pública, por desconocidos, pero en ambos casos la mujer, o la niña, no es asesinada al azar, sino que se la ataca especialmente por el hecho de ser mujer. Una variante del término, feminicidio, fue incorporada por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde para dar cuenta de la necesaria ausencia del Estado, y la subsecuente impunidad, para que el hecho se produzca. Asumiendo que un Estado protector de los derechos humanos de las mujeres y garante de políticas públicas no permitiría tal cantidad asesinatos de mujeres por motivos de género que tienen lugar en las sociedades latinoamericanas.

Los países del continente no brindan información estadística sobre los feminicidios. Según el Centro Reina Sofíade España, que realiza un análisis comparativo en base a los datos de asesinatos de mujeres enviados por los países (y que no siempre desglosan los feminicidios en particular), la prevalencia media a nivel mundial, al 2006, era de 19,14 feminicidios por millón de mujeres. De los 14 países que están por encima de este promedio internacional, 11 pertenecen a América Latina y el Caribe: El Salvador (129 feminicidios por millón de mujeres), Guatemala (93), Colombia (50), Honduras (45), República Dominicana (38), Bolivia (34), Paraguay (38), Panamá (25), México (24), Puerto Rico (23), Costa Rica (20).

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en El Salvador, es un gran paso en la construcción de una sociedad más justa para las mujeres, según afirma la Directora Ejecutiva de ORMUSA, Licda. Jeannette Urquilla. Hasta ahora todos los esfuerzos colectivos de las mujeres, de los movimientos feministas y de la existencia de mecanismos nacionales, regionales e internacionales no cambiaban la situación de violencia de género que asolaba Centroamérica; es por ello que diferentes organizaciones de mujeres en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador lanzaron sus propias campañas por el acceso a la justicia para las mujeres.

El objetivo de estas es promover el acceso adecuado, efectivo y oportuno a la justicia en casos de violencia contra las mujeres y feminicidio/femicidio en Centroamérica y México intentando erradicar así la impunidad asociada a estos casos, a través de la adopción de mecanismos adecuados por parte de los Estados.

Con motivo de garantizar esta seguridad ciudadana a las mujeres en El Salvador, el 1 de enero de 2012 entró en vigor la llamada Ley especial integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, aprobada en Asamblea Legislativa el pasado 25 de noviembre del 2010 con el apoyo de 75 legisladores y legisladoras, después de ser discutida por año y medio en la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez de la Asamblea Legislativa. Esta ley beneficiará tanto a mujeres que residan en el país como a aquellas mujeres salvadoreñas que se encuentren fuera, sin importar sus condiciones: edad, estado civil, religión o creencias, etc.

Una vez que esta ley ha entrado en vigencia presionará al Estado a que cumpla con sus obligaciones referentes a la seguridad femenina como: contar con una política nacional  de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, el establecimiento de unidades institucionales de atención especializada en diferentes sectores, afectará al sistema judicial, al sistema de salud y asistencia social, a la creación de un programa de casas de acogida, a la instauración de un sistema Nacional de datos y estadísticas y a la persecución y sanción de delitos contra la mujer. Además,  castigará los delitos como el feminicidio, que no estaban contemplados en el Código Penal o Código Procesal Penal salvadoreños, y que ahora podrán ser castigados con penas en prisión de entre 20 y 50 años;  además de establecer y sancionar otros delitos, como la difusión ilegal de pornografía, el incumplimiento de los deberes de asistencia económica, la  sustracción patrimonial, entre otras expresiones de violencia contra las mujeres.

Según el último informe del PNUD, El Salvador es el país más peligroso del mundo con 62 asesinatos por cada 100.000 habitantes entre los años 2004-2009, a este le siguen Guatemala y Jamaica, siendo así la población centroamericana la población con más riesgo de morir de manera violenta. Si trasladamos el tema a la violencia de género, El Salvador es también el país que posee la tasa más alta de feminicidios del mundo, registrando  582 mujeres muertas en durante el  2011 según el Instituto de Medicina Legal; la violencia contra las mujeres ha aumentado un 197% en la última década. Los altos niveles de feminicidios a menudo van acompañados por los altos niveles de tolerancia respecto a la violencia contra las mujeres y a una cultura de la impunidad, y señalando que alrededor de la mitad de estos asesinatos se producen en la esfera doméstica, a manos de la pareja o ex pareja. Con lo cual no es correcto asociar estas altas tasas de feminicidio con el fénomeno de las bandas organizadas en El Salvador, puesto que la mayor parte de las veces, estos actos de violencia se producen en los sectores más cercanos.

Las causas de estas alarmantes cifras están relacionadas con un estancamiento en la educación a la sociedad civil, así como con el predominio de una cultura de discriminación fuertemente ligada a la religión y al mantenimiento de un sistema patriarcal. Además de estas razones, las autoridades nacionales tampoco reportan estos casos de violencia, asesinatos o desapariciones, haciendo de la verdadera situación una desconocida a ojos del resto.

Una de las causas de este desconocimiento es la pasividad de la acción policial en la búsqueda de las víctimas; por lo cual esta ley intentará seguir el modelo del sistema de alerta Alba Keneth. Esta es una ley  promulgada en Guatemala en 2010, cuyo fin principal es la coordinación de acciones interinstitucionales para la localización y el resguardo inmediato de niños y niñas sustraídas, secuestradas o desaparecidas a fin de agilizar su proceso de búsqueda, suprimiendo el intervalo de 72 horas de espera que existía anteriormente desde el primer aviso hasta el inicio de su búsqueda. La ley además contará con la divulgación y la rectoría del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), además del apoyo de Digestyc (Dirección General de Estadística y Censos) en el cotejo de datos.

Sin embargo, pese a la buena voluntad de esta ley, la tendencia hacia el crecimiento de los feminicidios persistirá bajo la mirada tolerante de toda  nuestra sociedad, que mantiene vigentes los principios y valores machistas en todos sus niveles, y por mucho que una legislación sea muy adecuada, ésta no supondrá ningún cambio si no se cumple. Solo queda esperar que no sean simplemente buenas intenciones y que el 2012 sea el inicio de una vida libre de violencia para todas.

Gemma Griera y Helena Berzosa son socias de ACPP y han sido miembro del equipo de ACPP en El Salvador y Joven Solidaria del programa de la Junta de Castilla y León, respectivamente

70 días en huelga de hambre

El 17 de Abril, coincidiendo con el Día Internacional de los Presos Políticos, un grupo de presos Palestinos detenidos en cárceles Israelíes comenzaron una huelga de hambre indefinida. Esta acción masiva aparece como una continuación de las huelgas individuales de varios presos que han tenido lugar desde el mes de Febrero de 2012, inspiradas por  Khader Adnan, en huelga de hambre durante 66 días. En la actualidad, 2.500 presos Palestinos de un total de 4.300 secundan la huelga, una cifra que aumenta cada día. Dos de estos presos, Thaer Halahleh y Bilal Diab han entrado en su 70 día de huelga, estando su vida en inminente riesgo de muerte tal y como alertan diversas organizaciones de derechos humanos. Este huelga constituye una de las acciones Palestinas no violentas más significativas de los últimos años. El alcance de su seguimiento, que engloba masivamente a presos de distintas afiliaciones políticas, y el elevado riesgo a la integridad física que la inanición de alimentos entraña, demuestran el compromiso de los Palestinos con la no violencia. Las demandas de estos manifestantes se centran en exigir a Israel el cumplimiento de sus derechos civiles y políticos. En particular, en relación al trato durante el arresto, las condiciones y el trato en los centros de detención y distintas medidas de castigo colectivo, impuestas desde la captura del soldado Israelí Gilad Shalit en 2006, tales como la denegación de visitas de familiares y el acceso a la educación universitaria. A estas peticiones se le suma el de la abolición de la práctica de detención administrativa. Este tipo de detención no es exclusivo de Israel, siendo de hecho utilizado por la mayoría de los países europeos. Conforme a esta práctica es posible detener a individuos sin revelar los cargos que fundamentan su detención por considerarlos información de “alto secreto” relativa a la seguridad nacional. La detención administrativa se revisa periódicamente por tribunales militares Israelíes que, en base a dicha información secreta, pueden renovar la detención de forma indefinida. Al desconocer los cargos en contra de la persona acusada los abogados no pueden construir una estrategia de defensa legal apropiada. Dado que la detención administrativa compromete de forma tan directa el derecho a la defensa, su uso es legitimo siempre que sea aplicado de forma muy restringida y excepcional. En la actualidad, existen 322 presos Palestinos detenidos conforme a este régimen de detención, 24 de los cuales son miembros del parlamento Palestino. Uno de estos detenidos lleva más de cinco años en detención administrativa. El uso tan extendido de esta práctica por Israel, incrementado en un 50% desde el año pasado, suscita serias dudas sobre su legalidad.

Las huelgas de hambre masivas de presos Palestinos no son una novedad, ya que se han ido sucediendo casi de forma continuada desde 1968, siendo la huelga de 1992, seguida por 11.000 presos, la más destacada de todas ellas. A diferencia de aquellas, la actual es la más larga iniciada en la historia de la lucha no violenta Palestina. Nunca hasta ahora se había visto una resolución tan clara por parte de los presos de morir luchando por sus derechos. La determinación que empuja a estos presos a iniciar una huelga de hambre a base de agua y sal por periodos superiores a los 2 meses, tal y como estamos observando, refleja la brutalidad de la opresión Israelí contra la población Palestina, el fallo de los mecanismos de protección de los derechos humanos Israelíes e internacionales y un compromiso integro con la acción no violenta. El uso de la tortura por parte de las autoridades Israelíes en la población Palestina es generalizada desde el momento del arresto y durante todo el periodo de detención. Más aún, su uso ha sido institucionalizado en una decisión del Tribunal Superior Israelí de 1999 de acuerdo a la que el uso de la tortura está permitido durante los interrogatorios siempre y cuando se aplique una “presión física moderada” destinada a preservar las “necesidades de defensa” y en situaciones en las que la seguridad esté en peligro inminente. Las flexibilidad existente en la interpretación de estas condiciones hace que esta decisión haya servido en la practica para legitimar el uso de la tortura. Una de las prácticas más alarmantes en las prisiones Israelíes es la de mantener a los presos en régimen de aislamiento por periodos de tiempo largos, a veces durante meses. La incapacidad de los mecanismos de protección internacionales para asegurar el cumplimiento del derecho internacional puede verse en el funcionamiento del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR), el organismo por excelencia dedicado a la protección de los derechos de los presos en zonas en conflicto armado. Éste ha sido incapaz desde 2007 de asegurar que los familiares de más de 400 presos de la Franja de Gaza recibieran las visitas de sus familiares en violación del derecho humanitario internacional. Las llamadas de teléfono están sistemáticamente prohibidas y las cartas enviadas a través del CICR o no llegan a sus destinatarios o si lo hacen llegan con mucho retraso y como resultado desactualizadas. De este modo, existen centenares de presos Palestinos totalmente aislados del mundo exterior y cuyas sus familias conviven con la incertidumbre de desconocer el estado de sus familiares detenidos en prisiones Israelíes. La incapacidad de los mecanismos de protección internacional es un reflejo de la falta de resolución por parte de la comunidad internacional para presionar a Israel a cumplir con sus obligaciones como estado firmante de tratados que regulan el derecho internacional humanitario y en derechos humanos. En particular, el uso generalizado y sistemático de la tortura constituye un crimen de lesa humanidad que, como tal, obliga a los Estados a perseguirlo. No obstante, a día de hoy la única declaración de la comunidad internacional en relación a los presos en huelga de hambre se produjo el 3 de Mayo de 2012 a través del enviado de NNUU en Oriente Medio quien reconoció estar “profundamente preocupado” por la situación de  Thaher Halahlah y Billal Diab, y pidió a Israel “preservar la salud de los prisioneros” evitando aludir a las reivindicaciones legitimas de los manifestantes y a las obligaciones de Israel hacia el cumplimiento de las mismas.

La capacidad de movilización de los presos es muy poderosa en un contexto en el que la mayoría de la población ha estado presa en las cárceles Israelíes o ha sufrido el encarcelamiento de sus familiares. Asimismo en un momento en el que el proceso de paz con Israel está paralizado y la implementación del acuerdo de reconciliación entre los partidos palestinos mayoritarios, Hamas y Fatah, debería haber culminado en elecciones a principios del mes de Mayo de 2012, esta movilización puede traer consecuencias inesperadas tanto para Israel como para la Autoridad Nacional Palestina y las instituciones de Hamas en Gaza. La inconveniencia de este movimiento para Israel es clara, basta con observar las acciones brutales e inhumanas de boicot en contra del mismo. Con el objetivo de evitar y debilitar el movimiento, las autoridades Israelíes han tomado medidas directas en contra de los manifestantes y de sus familiares. Estas incluyen el desplazamiento de los manifestantes a otras cárceles, la denegación de las visitas de sus familiares y de sus abogados, la encarcelación en régimen de aislamiento, la denegación de la atención médica necesaria, realización de registros denigrantes de celda y corporales e incluso la confiscación de la sal que los manifestantes requieren como único elemento añadido al agua que ingieren.

A pesar del silencio internacional, estos prisioneros han puesto en jaque a Israel, que difícilmente puede aceptar la muerte masiva de presos que reivindican el respeto a sus derechos civiles y políticos de forma no violenta y que teme la respuesta de una movilización social Palestina más amplia. De este modo terminó liberando a Khader Adnan y a Hana Shalabi, ambos detenidos en régimen de detención administrativa, a través de un acuerdo negociado. Su liberación ha confirmado la ilegitimidad de las pruebas que apoyaban su detención y más ampliamente del uso por parte de Israel de la práctica de detención administrativa. En el caso de Hana Shalabi, el acuerdo incluía su deportación a la Franja de Gaza, donde tiene que permanecer tres años. Teniendo en cuenta el cierre absoluto de la Franja por parte de Israel, este acuerdo ha supuesto en la práctica la transferencia de Hana de una cárcel a otra. En acuerdos similares en el pasado, tras finalizar el plazo acordado de permanencia en Gaza Israel no permitió la salida de los individuos en cuestión. De este modo Gaza corre el peligro de convertirse en la salida honrosa a la embarazosa situación en la que Israel se encuentra. El futuro de Thaer Halahleh y Bilal Diab, ambos con un estado de salud crítico tras 70 días en huelga de hambre y habiéndoles sido denegada una asistencia sanitaria independiente, es todavía incierto.

La lucha de estos hombres y mujeres, que se enfrentan con sus estómagos vacíos y sus propias vidas a una de las mayores potencias armamentísticas del mundo para defender sus derechos y su dignidad, es como poco asombrosa y admirable. Tristemente, el silencio de la comunidad internacional y de los medios de comunicación, que tan rápidamente se rompe ante acciones de resistencia violenta Palestina, se ha impuesto en relación a la movilización de estos presos. Nos olvidamos de que las acciones no violentas para ser efectivas necesitan ser escuchadas y apoyadas, su éxito depende en parte de la decisión de nuestro apoyo.

Úrsula Urdillo es socia de ACPP y ex-coordinadora de proyectos de ACPP en Palestina. En la actualidad, reside en Gaza

I Edición de los Premios “En la Recerca del Desenvolupament”

El 19 de abril a las 19h, en el Palau Centelles de Barcelona, celebraremos el acto de entrega de los premios del proyecto “En la Recerca del Desenvolupament”, organizados por Asamblea de Cooperación por la Paz.

“En la Recerca del Desenvolupament” consiste en un proceso de apoyo, seguimiento y asesoramiento de trabajos de investigación de Bachillerato, con la base de que el alumnado analice alguna temática relacionada con el desarrollo y se conciencie de la dimensión global de las cuestiones investigadas.

El proyecto plantea un acompañamiento de ACPP a los alumnos y alumnas inscritos durante todo el proceso de ejecución del trabajo. Aprovechando la experiencia, conocimientos y contactos en temáticas relacionadas con el desarrollo de nuestra organización, se ofrece la posibilidad de acercar el alumnado al tema escogido y darle herramientas para que pueda desarrollar su proceso de investigación personal.

La educación tiene que facilitar las herramientas para que el alumnado sea capaz de informarse sobre aquello que le interesa y, posteriormente, emitir un juicio crítico a partir de una reflexión con profundidad. Es en este escenario que ACPP se plantea un espacio para cultivar la curiosidad y para incentivar la investigación en desarrollo. Este espacio es principalmente el trabajo de investigación de bachillerato.

Esta primera edición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y se han realizado un total de 12 trabajos de investigación de 4 centros educativos de Barcelona: el Instituto Juan Manuel Zafra, el Instituto Emperador Carles, el Instituto Las Corts y el Instituto XXVa Olimpíada.

Pero para nosotros lo más importante ha sido el impacto real sobre estos alumnos/as. A menudo, en el ámbito de la sensibilización, resulta complicado valorar de manera directa los resultados de una iniciativa pero esta vez, la propia motivación, implicación y concienciación que estos chicos y chicas han demostrado ha sido verdaderamente excepcional.

El acto de entrega de premios contará con la presencia de:

-        Sr. Felip Roca i Blasco, Director de Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona

-        Sr. Arcadi Oliveres, Presidente de Justicia y Pau

-        Sr. Albert Domingo, coordinador de Bachillerato del Instituto XXVa Olimpíada

 

Mariona Fontanella es la responsable de Educación para el Desarrollo de ACPP – Catalunya

El Salvador a las urnas (de nuevo)

El próximo 11 de marzo las salvadoreñas y salvadoreños, y como cada 3 años, están convocados a las urnas para elegir los gobiernos de sus alcaldías y a sus representantes en la única cámara de gobierno legislativo que tiene esta república. Son los primeros comicios que se celebran desde el cambio de gobierno en el ejecutivo que dio la presidencia del país a Mauricio Funes, candidato del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), formación política en la que se transformó el ejército revolucionario de mismo nombre que combatió en la guerra civil entre los años 1980 y 1992. Se truncaban pues 20 años de gobierno continuado del partido Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA).

En las últimas elecciones de este mismo tipo, el FMLN alcanzó 35 escaños, una mayoría de diputados que no era suficiente para tomar decisiones legislativas por sí mismos, y llegó a gobernar en 96 alcaldías de las 262 que hay en todo el país.

Sin embargo, la suma matemática de tener el poder en el ejecutivo junto con mayoría en la Asamblea Legislativa, es solo un espejismo político-estadístico que choca con la cruda realidad nacional. Por un lado el presidente de la república no es alguien de dentro del partido y con el tiempo el distanciamiento entre ambos se ha hecho evidente en numerosas ocasiones. Y por otro lado, la alianza entre los partidos de derechas, quienes representan fundamentalmente a los poderes económicos de la nación, hace realmente difícil iniciativas legislativas de calado. Solo la división del grupo legislativo de ARENA, de cuyo seno salieron unos diputados tránsfugas para formar la Gran Alianza Nacional (GANA), ha permitido que se pueda avanzar en asuntos como una ley más progresiva del impuesto sobre la renta o la recién aprobada ley de medicamentos, que es pieza clave para la reforma del sistema público de salud que está intentando llevar a cabo el ejecutivo.

El complejo escenario de alianzas y lealtades políticas ha hecho de estos tres años un periodo en el que cada iniciativa le costaba un gran desgaste al grupo parlamentario que la proponía. Esto claramente ha afectado mucho más al partido de gobierno, que es el que estaba obligado a tomar mucho más la iniciativa para cambiar la realidad, ya que los 4 lustros anteriores habían tenido como efecto todo un entramado de leyes y reglamentos que favorecían a los intereses del partido ARENA y resto de formaciones de derechas, la gran empresa privada y, por ende, de los grupos oligopolísticos empresariales salvadoreños. Como ejemplo, la iniciativa de entregar uniformes y material escolar al alumnado del sistema público a través de la concesión a pequeñas empresas, se volvía algo imposible por la reglamentación en las licitaciones públicas a realizar, que dirigían el actuar estatal a las grandes corporaciones.

Pero además, el poder judicial también ha estado afectando la vida pública salvadoreña. La interferencia del equivalente al tribunal constitucional, al declarar nulas incluso la existencia de los partidos políticos Democracia Cristiana y Conciliación Nacional, o la forma de elegir las diputaciones en las elecciones, ha sacudido los cimientos democráticos hasta obligar a cambiar la forma de votar en los comicios, apareciendo ahora la posibilidad para el electorado de votar directamente por el o la diputada de su conveniencia, pudiendo ser éstos incluso independientes de cualquier partido. En el horizonte se contemplaba incluso la posibilidad de una nulidad de la Ley de Amnistía de año 1996, por la que se liberaban y se eximían de cargos a cualquier persona por crímenes de guerra o políticos durante la guerra civil.

Debates como éste ha obligado al FMLN a entrar en debates que sin duda pueden ser de extrema importancia, pero no son los que más urgen a la población salvadoreña. Un sistema público de salud desabastecido y sobrepasado que atiende a toda la población sin trabajo formal, cerca de un 80% de las mujeres y hombres; un sistema educativo público que estigmatiza cada vez más a sus estudiantes por reducirse a aquellas personas que no tienen recursos para alcanzar la enseñanza privada, de mucha mayor calidad; una economía que abandonó la agricultura para centrarse en el sector servicios, haciendo que la canasta básica sea inalcanzable por la dependencia de las importaciones, y en la que los oligopolios dominan el mercado; una inseguridad ciudadana que no es abordada desde la prevención y en su integralidad, sino reincidiendo en la represión y castigo; y un medio ambiente que agoniza por las concesiones a las grandes empresas y la falta de control de los agentes que actúan sobre él.

La facción legislativa del FMLN también se ha visto muy condicionada por mantener las apariencias en su relación con el presidente Mauricio Funes, y es que las contradicciones entre unos y otro se han dado en repetidas ocasiones durante este trienio. El verdadero problema de este asunto es la delicada situación en relación de nuevo a la situación oligopolística existente en los medios de comunicación en el país y la manipulación que éstos hacen de la información, junto con la inexistencia de contrapesos mediáticos de peso. Así, estas desavenencias, fruto de puntos de vista diferentes aunque muchas veces progresistas ambos, han sido aprovechadas por el periodismo nacional a sueldo de la gran empresa y ARENA para hablar de un gobierno incapaz y poco coordinado. Así, se ha producido un desequilibrio intentando equilibrar las buenas relaciones con todas las partes y fuerzas, y se han echado de menos decisiones más valientes por parte del FMLN para afrontar batallas que quizás puedan ser derrotas, pero que la población necesita sentir que se van a librar.

De esta manera entramos en una campaña electoral en la que como siempre los medios de comunicación y el poderío económico de ARENA están siendo determinantes. Solo en la campaña por San Salvador, se calcula que Shafick Handal, hijo del fallecido Comandante de la antigua guerrilla con el mismo nombre, y candidato a la alcaldía por el FMLN, está siendo superado por 8 a 1 en número de spots publicitarios y radiales. Las encuestas, tanto las sospechosamente publicadas por la prensa derechista, como las provenientes de medios más imparciales como las universidades, prevén una victoria de ARENA o un empate técnico en las elecciones legislativas y en las alcaldías, pronosticando que la capital quedaría en manos de Quijano.

En el resto de municipios donde trabaja Asamblea de Cooperación por la Paz se espera que revalide el gobierno municipal el partido FMLN (Santa Tecla, Quetzaltepeque, San Pedro Masahuat, Berlín, Tapalhuaca, Tecoluca, Jiquilisco y Zacatecoluca), con la excepción de los municipios de San Luis La Herradura y de Suchitoto, lugar éste último donde la decisión del partido izquierdista de no renovar como candidato al actual alcalde Javier Martínez, con quien ACPP había logrado un entendimiento beneficioso para el desarrollo local, está ocasionando tensiones sociales que ponen en riesgo una victoria progresista en esa localidad.

ACPP va a participar en estas elecciones en una misión de observación internacional, como viene siendo costumbre desde el año 2006. Concretamente nuestra función será estar en itinerancia por todo el Área Metropolitana de San Salvador, registrando el desarrollo de la jornada electoral y los incidentes que se den, si lo hubiese. A la hora del cierre de los colegios electorales, estaremos supervisando el conteo de votos hasta que este proceso termine.

Nacho Baeza es Coordinador de ACPP en El Salvador

“Los Palestinos no quieren depender de la ayuda internacional sino ser autosuficientes” Entrevista a la Dra. Jean Calder y Dalal Altaji, por Úrsula Urdillo

Coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Dra. Jean Calder y Dalal Altaji visitaron nuestro país para dar su visión sobre el impacto de los conflictos en personas con discapacidad. Del 28 de Noviembre al 3 de Diciembre, estas representantes del Creciente Rojo Palestino, principal contraparte de ACPP en el sector de la salud en Palestina, participaron en distintos eventos organizados por ACPP y financiados por la AECID en Galicia, Cantabria y Aragón. En estos actos se presentó el documental ‘Palestina sin Barreras’ producido por ACPP y Agareso que muestra las dificultades impuestas en la población Palestina con discapacidad como resultado del conflicto Israelo-Palestino. Desde su apertura en 1995 ambas mujeres trabajan en el centro Al-Amal (la esperanza) situado en el distrito de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza.

La australiana Jean Calder, de 74 años, ha dedicado los últimos treinta al Creciente Rojo Palestino, dirigiendo tres centros de rehabilitación para personas con discapacidad en diversos países de Oriente Medio. Dalal Altaji dirige el departamento de educación continua del centro Al-Amal donde también imparte clases de Braille e inglés. Dalal de 37 años e invidente de nacimiento, ha hecho frente a muchas barreras a lo largo de su vida. Es de las pocas personas en su entorno que con una discapacidad ha conseguido un master en Antropología por la Universidad de Edimburgo y que cuenta con varias publicaciones académicas. Entre estas mujeres hay una relación muy especial, no son solo compañeras de trabajo sino que Dalal es uno de los tres niños Palestinos adoptados por Jean en los años 80. Su dedicación y su lucha por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad ha sido narrada por Jean Calder en su libro autobiográfico. Mientras paseamos, Jean  describe a Dalal con cuidado detalle lo que encontramos a nuestro alrededor; las interminables tiendas de ropa, los belenes navideños, los colores del otoño y, casi muerta de la risa, los perros con abrigos y chubasqueros que tan frecuentemente pasean por nuestras ciudades. Las risas se suceden, y se amplifican especialmente cuando nos da la impresión de estar estrangulando a Dalal mientras nos peleamos con la complicada tecnología del cinturón de seguridad del tercer pasajero en el asiento de atrás de algún taxi. Cuando finalmente conseguimos abrocharlo ya hemos llegado a nuestro destino.

Cartel del documental de ACPP y Agareso

Ustedes han venido a Madrid para presentar el documental Palestina sin Barreras, ¿cuáles son las principales barreras en Palestina para las personas con discapacidad?

Jean Calder (J.C): Las barreras a las personas con discapacidad son múltiples. En primer lugar se encuentra la relación existente entre conflicto y personas con discapacidad. Un estudio llevado a cabo por Creciente Rojo Palestino en el 2009 sobre una muestra de 92 niños de la Franja de Gaza con amputaciones, reveló que en el 52% de los casos estas amputaciones estaban directamente relacionadas con el conflicto Israelo-Palestino. Otro aspecto es que en algunos casos los equipos médicos existentes en la Franja no están capacitados para tratar ciertas dolencias, especialmente cuando la tecnología requerida es muy avanzada. El cierre sobre la Franja dificulta peligrosamente el trabajo de los profesionales médicos. La falta de materiales y de equipos, retenidos en la frontera por Israel, hacen esta labor mas complicada. Por último, existe una falta importante de conciencia entre las instituciones públicas Palestinas sobre la importancia de hacer frente a las necesidades específicas de la población con discapacidad. Por ejemplo, el sistema educativo palestino no está preparado para que personas con discapacidad puedan cursar estudios universitarios. Los edificios oficiales tampoco están habilitados para permitir el acceso con personas con discapacidad. La causa de este problema no es la inexistencia de las leyes necesarias sino de una deficiente implementación de las leyes existentes.

Dalal Altaji (D.A): Otro ejemplo muy claro que muestra la relación entre conflicto y discapacidad está reflejado en los casos en que soldados Israelíes han disparado a personas con discapacidad auditiva por no atender a su orden de alto en los checkpoints [puestos de control], cuando en realidad no estaban dándose a la fuga sino que simplemente no habían oído dicha orden.  En mi caso en una ocasión mientras cruzaba Erez [puesto fronterizo entre la Franja de Gaza e Israel] tuve que entrar sola en una máquina de Rayos-X que te inspecciona todo el cuerpo. A la salida de este dispositivo no sabía a donde debía dirigirme y me golpeé con una de las tres puertas que había. No sabía que hacer ni a donde ir, llegué a pensar que nunca saldría de allí. Una soldado Israelí, trataba de dirigirme por un intercomunicador mientras me gritaba, pero nadie vino a ayudarme. Finalmente, uno de los trabajadores encargados de cargar las maletas en los sistemas de seguridad me ayudó a encontrar la salida. Para cruzar la frontera con Israel necesitas a alguien a tu lado que tenga por lo menos diez ojos. En una situación de emergencia, como un bombardeo, una persona con discapacidad se siente mucho mas vulnerable, no sabes lo que hacer, ni a donde ir. Todos tus desplazamientos se complican y necesitas de otras personas. Pasas mucho miedo.

¿Cuál es la labor del centro Al-Amal en Gaza en la mejora de la vida de las personas con discapacidad?

J.C: Este centro a diferencia de otros centros de rehabilitación está dotado para el tratamiento de todo tipo de discapacidades. Fue fundado por el Dr. Fathi Arafat, hermano menor de Yasser Arafat en 1995, quien tratando de alejarse de enfoques paternalistas y caritativos en el trabajo con personas con discapacidad le dio el nombre de “Centro de Desarrollo de Capacidades”. El Dr. Fathi entendía que el trabajo con personas con discapacidad debe hacerse con una perspectiva de desarrollo individual que al mismo tiempo incorpore una dimensión de inclusión comunitaria. Por este motivo las actividades del centro, incluyendo los cursos de formación y las actividades deportivas y culturales, son de carácter inclusivo y promueven la participación de toda la comunidad independientemente de si las personas tienen o no alguna discapacidad diagnosticada. Cada día un total de 500 niños utilizan estas instalaciones. Por último, el centro Al-Amal cuenta con una Universidad que oferta estudios certificados por el Ministerio de Educación Palestino en el ámbito de la rehabilitación de personas con discapacidad. Estamos muy orgullosos de ver que este programa es muy valorado y de que Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales contratan preferentemente a los profesionales formados en nuestro centro.

D.A: Trabajar en el centro Al-Amal me da mucha satisfacción ya que se ven resultados. Es increíble lo que las personas con discapacidad pueden llegar a hacer.

¿Como afecta el cierre impuesto por Israel en la Franja de Gaza a aquellos enfermos que no encuentran el tratamiento especializado que necesita dentro de la Franja?

J.C: Cuando una persona necesita de un tratamiento especializado que no se encuentra dentro de la Franja debe pedir un permiso especial de salida al gobierno Israelí. Este permiso puede ser o no aceptado, y en caso de ser aceptado puede incluir únicamente a la persona enferma. Normalmente las personas que obtienen este permiso son enfermos que no pueden valerse por si mismos, por lo que si no consiguen la autorización para que otra persona les acompañe no podrán salir. Recientemente he visto un documental muy impactante sobre este tema. Se titula “Las mujeres mueren mientras esperan” [Women die waiting]. Este documental cuenta la situación de mujeres diagnosticadas con cáncer en Gaza, y de como mueren mientras esperan los permisos necesarios para poder salir de la Franja para acceder al tratamiento que puede salvarles la vida. Las dificultades en el movimiento desde y hacia Gaza afectan muy directamente al sector de la salud. Cada año hay estudiantes universitarios que ganan becas para estudiar fuera de Gaza pero que luego no pueden viajar debido a que Israel les niega la autorización necesaria. Hace unos años por ejemplo, en la Franja existían tan solo dos especialistas en rehabilitación. Diez estudiantes consiguieron una beca para ir a Cisjordania y formarse en esta especialidad. Desafortunadamente el gobierno Israelí denegó todas las solicitudes de salida sin dar ninguna explicación y los estudiantes perdieron esta oportunidad.

¿Cuándo fue la última vez que habéis salido de Gaza?

D.A: La última vez que salí de Gaza fue para estudiar un master de Antropología en Escocia. Esto fue en el 2005. Después he solicitado en distintas ocasiones los permisos necesarios para salir y poder presentar mi trabajo en conferencias internacionales a las que había sido invitada, pero sin resultados positivos. En esta ocasión casi no puedo venir a España, ya que es muy complicado para alguien de Gaza conseguir un visado para Europa cuando no puedes acceder a los consulados Europeos, ubicados en Jerusalén. Sin la ayuda de nuestros amigos de ACPP esto no habría sido posible. Este viaje es muy importante para mi ya que además de ser una oportunidad para hablar de los retos a los que los Palestinos nos enfrentamos cada día, necesitaba tomar un poco de aire fresco.

La Dra. Calder (c) y Dalal (d)

J.C: En mi caso, la última vez que salí fue en el 2009 para un evento muy particular de la Cruz Roja Internacional. La vez anterior fue en el 2006. En esa ocasión necesitaba renovar mi pasaporte en el consulado Australiano. El viaje debía de haber durado dos días pero tardé cuatro meses en volver ya que las autoridades Israelíes me denegaron la entrada en Gaza. Gracias a la nueva situación política en Egipto, mas laxa en cuanto al transito de personas por su frontera con la Franja, hemos podido salir y estar ahora en España. Este viaje es un experimento, pues la situación en Gaza, Egipto e Israel es inestable y las condiciones de nuestro regreso pueden cambiar en cualquier momento.

El cierre al que está sometido la Franja de Gaza imposibilita la exportación de productos Palestinos y la economía ha terminado por convertirse en una economía de subsistencia totalmente dependiente de la ayuda internacional, ¿es esto sostenible?

J.C: Me gusta mucho que se hable de este tema. Creo que la comunidad internacional habla mucho de lo que no entra en Gaza, es decir de la ayuda humanitaria que no entra debido al control de Israel sobre el transito de mercancías. En realidad lo que Gaza necesita es que Israel permita la exportación de los productos gazatíes, esta es la única formula para reactivar la economía de forma sostenible. Los Palestinos no quieren depender de la ayuda internacional sino ser autosuficientes.

Hemos asistido en los últimos meses a una campaña internacional desde Israel y Estados Unidos para obstaculizar la petición de reconocimiento de la Autoridad Palestina como estado. ¿Que opinión le merece esto?

J.C: Israel critica la petición de la Autoridad Palestina a las Naciones Unidas argumentando que es un acto unilateral. Parecen olvidarse de que en 1948 su declaración como estado también lo fue y a pesar de estar en contra de los deseos de la población local, que era mayoritariamente Palestina, dicha declaración no obtuvo tanta resistencia como la que está encontrando actualmente el reconocimiento de Palestina. Desafortunadamente, a pesar de que la petición Palestina cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de países, la influencia internacional de Estados Unidos y su capacidad de veto en las Naciones Unidas están impidiendo que esta petición salga adelante.

Los ajustes económicos en España están afectando fuertemente a la cooperación internacional y a la capacidad y fortaleza de su sociedad civil,  ¿Qué opina sobre este tema? ¿Cómo cree que esto puede afectar a su labor en Palestina?

J.C: La inversión en atención sanitaria en Palestina es necesaria, ya que como he comentado todavía no hemos llegado al 100% de nuestras posibilidades. En este sentido el apoyo internacional es muy importante. En particular las organizaciones como ACPP complementan esta labor con un apoyo solidario fundamental. Además de apoyar económicamente nuestros los proyectos de salud, están con nosotros, nos conocen y son conscientes de las dificultades a las que los palestinos se enfrentan. Esta solidaridad es esencial ya que gracias a ella los Palestinos entienden que no están solos en su lucha y eso les da fuerza para seguir trabajando.

Úrsula Urdillo es socia de ACPP y ex-coordinadora de proyectos de ACPP en Palestina

Somalia: Crónica de una catástrofe anunciada

El cuerno de África sufre hoy la peor crisis humanitaria del mundo con 12,4 millones de personas necesitadas urgentemente de ayuda. Somalia es el epicentro de esta crisis de inseguridad alimentaria donde, por primera vez en treinta años, Naciones Unidas ha declarado el estado de hambruna en cinco regiones del país.

La peor sequía en 60 años ha sido el factor desencadenante de esta catástrofe, una situación, sin embargo, que poco ha podido sorprender a nadie con un mínimo conocimiento de la región. Como en Haití, se trata de la crónica de una catástrofe anunciada, en un país golpeado por 20 años de guerra civil, abandonado a su suerte por la comunidad internacional, pero afectado por la globalización con toda su crueldad, factores que se han combinado para hacer posible que en pleno siglo XXI un niño muera cada 4 segundos en algunas zonas del sur del país.

Las dimensiones de la crisis exigen una respuesta inmediata y la movilización de ayuda humanitaria para hacer frente a las necesidades vitales de los millones de personas amenazadas por el hambre. Pero a pesar de las impactantes imágenes de niños desnutridos, “África y hambre” no vende. Frente a la explosión de solidaridad que generó, por ejemplo, el terremoto en Haití, a este tsunami a cámara lenta le costó hacerse un hueco en la agenda informativa y no está movilizando los recursos requeridos a pesar de haber costado ya la vida a decenas de miles de personas. Al hecho de tratarse de una catástrofe menos “mediática” y de estar sucediendo en pleno verano, se une la mayor profundidad de la crisis económica global que afecta a los países desarrollados lo que explicarían su menor permeabilidad al dolor ajeno.

 En este contexto se trata de un esfuerzo loable la iniciativa de SOLIDAR, red europea de la cual ACPP es miembro, de crear un SOLIDAR Horn of Africa Solidarity Fund para recaudar fondos y apoyar el trabajo conjunto de la organización a partir de su miembro Arbeiter Samariter Bund (ASB). 

No obstante, incluso si suficiente ayuda humanitaria es movilizada, esto supondría solo un parche momentáneo, puesto que los problemas estructurales que amenazan el Derecho a la Alimentación de millones de personas en Somalia persistirían.

¿Cuáles son los factores detrás de tanta inseguridad alimentaria?

• Crisis política: Somalia, caso paradigmático de Estado fallido, no ha estado bajo control de un solo gobierno desde 1991. Milicias extremistas próximas a Al Qaeda controlan el sur del país, secciones del norte y del centro del país son completamente autónomas y quieren formar su propio estado, y el Gobierno central controla sólo la capital y parte del centro del país apoyado por una mal equipada misión de paz de la Unión Africana.
• Desidia de la comunidad internacional: Somalia fue abandonada prácticamente a su suerte después del fracaso de una operación de paz que acabó con imágenes de cadáveres de marines norteamericanos arrastrados por las calles de Mogadiscio. A pesar de las advertencias durante meses sobre la tragedia que se avecinaba de las organizaciones presentes en el país, la comunidad internacional ha reaccionado sólo cuando la crisis ha adquirido condiciones de catástrofe.
• Cambio climático: Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos, afectando de forma mucho más cruda a los países pobres por su falta de recursos para adaptarse al cambio climático y por su dependencia de la agricultura.
• Mercado mundial de alimentación: la volatilidad y tendencia al alza de los precios de alimentos básicos, con consecuencias terribles para millones de personas, no es casual sino que viene en buena medida explicada por la especulación financiera en los mercados de futuros agrícolas y a la creciente inversión a la generación de agrocombustibles. Además, la arquitectura del sistema alimentario mundial privilegia a los lobbies de las grandes corporaciones agroindustriales,  para quienes garantizar el Derecho a la Alimentación de millones de campesinos de países pobres no es una prioridad.
• Modelo agrícola imperante: A pesar de las sequías, Somalia era prácticamente autosuficiente hasta finales de los 70 gracias a un sistema de intercambios entre pastores nómadas y pequeños campesinos. A principios de los 80 reformas promovidas por el FMI y el Banco Mundial para fomentar la concentración e intensificación de la producción orientada a la exportación destruyeron el sistema alimenticio tradicional. Como consecuencia de estos cambios estructurales los pequeños productores nacionales fueron desplazados, se cambiaron las pautas de consumo y el país pasó a depender de la importación de grano.

¿Qué hace falta?

Una vez superada la inmediatez de la catástrofe humanitaria haría falta un compromiso serio de la comunidad internacional para promover la solución del conflicto en Somalia y superar la situación de anarquía que impide el desarrollo del país y resulta en una fuente de inseguridad regional y global, tal y como demuestra los problemas de piratería en el cuerno de África.

Los países desarrollados, principales emisores de CO2, deben asumir la responsabilidad de su contribución al cambio climático, ofreciendo recursos financieros suficientes para que los países que sufren sus consecuencias, en su mayor parte países pobres, puedan adaptarse al cambio climático.

La introducción de un Impuesto a las Transacciones Financieras sería un buen instrumento para empezar a exigir transparencia y regular las prácticas especulativas en los mercados financieros, prácticas que eventualmente tendrían que ser prohibidas por lo que respecta a los mercados de productos alimenticios. Asimismo, los países desarrollados y en especial la UE, tienen que revisar su política energética para corregir la tremenda presión al alza que el sistema de incentivos para promover el uso de agrocombustibles ejerce sobre los precios en el mercado mundial de alimentos.

Finalmente, y a pesar del contexto actual de crisis, los países desarrollados no pueden olvidar sus compromisos y obligaciones para con los países en vías de desarrollo. Somalia, más allá de ayuda humanitaria, necesita un apoyo sostenido en forma de cooperación al desarrollo con un especial énfasis en el desarrollo de sus capacidades agrícolas. Pero lejos de promover modelos agrícolas orientados a la exportación y grandes concentraciones agro-industriales, habría que fomentar un desarrollo rural integral sostenible, apoyando a los pequeños y medianos agricultores como guardianes de la biodiversidad, de la integridad de los paisajes rurales y de la seguridad alimentaria.

La única manera de garantizar el Derecho a la Alimentación a los millones de somalíes amenazados hoy por el hambre es promoviendo una agricultura sostenible, entendida, tal y como la define las NNUU, como una agricultura ecológicamente segura, económicamente viable, socialmente justa y culturalmente apropiada. Si esto no sucede y Somalia vuelve a ser dejada a su suerte una vez lo peor de la actual crisis humanitaria pase, será sólo una cuestión de pocos años hasta la próxima vez que nuevas imágenes de escuálidos niños somalíes con moscas en los ojos nos vuelvan a estropear las vacaciones de verano.

David Andrés Viñas, enlace de ACPP ante la Unión Europea